Daniel Ortega y Alberto Fernández
La condena fue aprobada por 26 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y Perú, y exigió «la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos» en Nicaragua.
El gobierno de Alberto Fernández se abstuvo junto con Belice, República Dominicana, Honduras y México.
En tanto, votaron en contra Nicaragua, Bolivia y San Vicente.
«No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales», sostuvo la Argentina en un comunicado conjunto con México.
Y agregó: «En este contexto, no nos fue posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración hoy en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)».
Las áreas de Relaciones Exteriores de la Argentina y de México además señalaron que «es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta», agradecieron «el esfuerzo negociador de algunos Estados miembros» e hicieron «un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano».
No obstante, en el inicio del comunicado, Argentina y México manifestaron «su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua».
«Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados. Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta», plantearon.
Y finalizaron: «Expresamos nuestra disposición plena para colaborar constructivamente. Estamos convencidos de que esta situación será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos».
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