El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los aspectos más cuestionados de la Ley Bases que está siendo debatida en comisión en el Senado, recibió el rechazo de ONGs ambientalistas que denunciaron los impactos ambientales que podría generar en ecosistemas y regiones enteras del país.
Entre esos riesgos, las organizaciones denuncian que el RIGI otorga beneficios para las empresas extractivas así como la posible eliminación de fondos para las políticas ambientales.
En un documento titulado “Las dos caras del RIGI: fomento para las grandes inversiones y desprotección del ambiente”, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -una ONG ambiental que desde 1985 promueve el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad- analizó cómo afecta el RIGI al federalismo y la protección del ambiente.
Si bien señalaron que el RIGI parece una medida estrictamente económica, advirtieron que “los privilegios tributarios, aduaneros y cambiarios que ofrece perjudican la protección del ambiente” y denunciaron que “los proyectos que promueve tienen impactos ambientales directos e indirectos en ecosistemas y regiones enteras”.
Además, consideraron que “atenta contra la división de poderes, el principio de juez natural, los compromisos climáticos asumidos por Argentina y las legislaciones ambientales provinciales”, por lo que le solicitaron al Senado que rechace este capítulo del proyecto de Ley Bases, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“A pesar de que el nuevo proyecto de ley Bases no contiene un capítulo específico de desregulación ambiental, varios artículos tienen implicancias sobre el cuidado del ambiente, el acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego, entre otros puntos”, advirtió la FARN.
Más allá del RIGI, la organización ambiental expresó su preocupación por “la posible sustitución de las audiencias públicas, modificaciones en la Ley de Hidrocarburosy la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego”, todo ello incluido en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
“Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, concluye el comunicado.
El debate sobre la Ley Bases y la reforma fiscal continuará este jueves en el Congreso en el marco de un plenario de comisiones en el Senado, mientras La Libertad Avanza sigue sin conseguir las firmas necesarias para el dictamen.
En tanto, el presidente Javier Milei admitió este martes que el denominado Pacto de Mayo, que iba a firmarse el próximo 25 en la provincia de Córdoba, podría postergarse a otro mes a la espera de que el Senado finalmente sancione la Ley Bases, que actualmente cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Con información de agencia SomosTelam
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